El verbo del Alcalde

En el blog de La Silla Vacía intenté hacer un análisis político del primer discurso de Gustavo Petro después de su destitución. Ahora quiero hacer uno distinto, y es el de libertad de expresión. Mi tesis –o más bien mi preocupación– es la siguiente: creo que el Alcalde está empezando a excederse en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. 

La libertad de expresión de los funcionarios públicos es distinta a la de ciudadanos como ustedes o yo. Es más reducida. Un Alcalde o un Presidente está obligado, entre otras, a no afectar los derechos fundamentales de otras personas cuando divulga información y opiniones. Debe abstenerse de dar declaraciones que estigmaticen a un grupo, que creen un riesgo ciudadano o que inciten a la violencia. 

Este nivel de libertad de expresión es distinto al de un congresista o un candidato a ocupar un cargo de elección popular. Por un lado, un congresista ejerce su libertad de expresión en representación de un grupo de ciudadanos, y lo hace en el lugar natural para exponer argumentos e ideas. Su discurso está mediado por el partido al que pertenece y el rol que ejerce en el debate político. En esas circunstancias, aplicarle el mismo estándar del Alcalde o Presidente terminaría por inhibirlo, y podría usarse como arma para silenciarlo.

Por el otro lado, el candidato a un cargo de elección popular necesita una garantía amplia de libertad de expresión para poner sus argumentos a consideración de la gente. Aunque similar a la anterior, ahí la vara baja un poco más: se acepta el riesgo social de que los candidatos digan mentiras y se imputen actuaciones deshonrosas e incluso delitos entre sí, en aras de permitir una contienda robusta. Y, nuevamente, hay un pacto tácito con los ciudadanos: la opinión pública no toma las afirmaciones de una campaña con el mismo rigor que las tomaría en un escenario distinto.

Ahora sí pasemos al caso. Durante estos dos días Gustavo Petro se olvidó de su condición de Alcalde y se volvió a sentir en la plenaria del Senado. Y lo hace en un momento tenso y ante un grupo enorme de personas que no solo simpatizan con él sino que además comparten su rabia (este punto es clave). No son palabras para disuadir a una audiencia sino para enardecerla; no es un grupo pequeño; no es una celebración. Es la descripción de la arbitrariedad hecha por su propia víctima.

En medio de referencias al bogotazo, a la lucha armada y a una lista larga de injusticias en nuestro país –masacres, exterminio de la UP, magnicidios– el Alcalde de Bogotá, que gobierno toda la ciudad y la representa administrativamente, plantea una disyuntiva entre ‘ellos’ y ‘nosotros’: ‘ellos’ siendo los malos, ‘nosotros’ siendo los buenos. Y sin hacer el nexo, sugiere que ‘ellos’ están detrás de esa larga lista de injusticias que desembocaron en su destitución. Lean como ejemplo este fragmento de sus palabras de ayer:

«Miren ustedes mismos en estos dos años de gobierno, ¿a quién expropiamos nosotros? ¿Saben de alguien que hayamos expropiado? ¿Dañamos acaso algún restaurante de lujo? ¿Prohibimos acaso que se compraran los Ferraris y los Porsche? ¿Acaso pusimos condiciones para que el lujo de los apartamentos disminuyera? No les molestamos en lo más mínimo su manera de vivir. Lo único que sí quisimos hacer fue dedicar el dinero público, el tiempo público a los más humildes. Sí, Petro no iba a sus cocteles. Petro no estaba aspirando a ser accionista de los clubes privados del norte de Bogotá. Nunca les pidió una acción, no se moría de las ganas por sentarse a la mesa con los hombres más poderosos económicamente de Colombia, pero no los molestamos». 

No quiero sacarlo de contexto. Él habla varias veces de ‘paz’ y ‘amor’, y no existe ninguna referencia a una respuesta violenta. Al contrario. Pero en el tono y enfoque general de sus palabras yo también intuyo una advertencia, una especie de amenaza velada. El Alcalde crea una división entre sus ciudadanos y deja en el aire una chispa de retaliación que en cualquier momento podría prenderse –contra los medios de comunicación, contra un partido político, contra una cara visible de ese ‘ellos’–. A esto se suma el hecho claramente irregular de haber puesto toda la administración a divulgar ese mensaje. 

Petro no puede argumentar que su discurso es pacífico porque él dice que es pacífico. Lo determina el contenido y el contexto. Y aunque no veo claramente una instigación a la violencia, sí me parece que transita una zona gris, sí creo que está generando un riesgo, sí creo que hay ciudadanos intranquilos. Sobre todo por el contexto, repito. Él es el Alcalde, hay zozobra y descontento entre la gente que lo apoya –lo cual es legítimo y entendible–, y su discurso puede volverse la cuota inicial de una reacción violenta.

Esto no es muy distinto al caso del ex presidente Álvaro Uribe, quien durante su mandato calificó a las ONG como auxiliadoras de la guerrilla. La Corte Constitucional le dijo que no podía hacerlo por las mismas razones que aquí expuse (igual él lo siguió haciendo). ¿No deberíamos pedirle lo mismo al todavía alcalde Petro? ¿No deberían pronunciarse las organizaciones de derechos humanos? ¿No debería salir su partido a pedirle mesura?