La ley de medios de Argentina y la libertad de expresión

En el editorial del jueves pasado El Espectador lamentó el fallo de la Corte Suprema de Argentina que declaró constitucional la ley de medios en ese país. Entre otras, esta norma establece topes en la cantidad de licencias de servicios audiovisuales que pueden tener los medios, con lo cual aquellos que los superen están obligados a 'desinvertir' –entregar algunas frecuencias o propiedades–. El Espectador, siguiendo el argumento del grupo Clarín (el principal afectado), considera que la decisión es una derrota para la libertad de expresión.

Es usual que los medios de comunicación asimilen las agendas de libertad de expresión y libertad de empresa. Y aunque en muchos casos coinciden (la existencia de medios masivos independientes es fundamental para que exista un debate público), tienen puntos de quiebre fundamentales. Uno de ellos es la concentración de la propiedad mediática.

Dice el editorial de El Espectador que se trata de un problema que resuelve el propio ciudadano: "Algo similar se puede decir en cuanto a la concentración excesiva de medios de comunicación. Si la finalidad de un propietario es restringir el sagrado derecho de informar, el primer gran perdedor es el propio medio, que dejará de tener credibilidad y terminará por desaparecer".

Sorprende la candidez de esta afirmación. La concentración de un mercado –cualquiera que sea– no se rompe sin algún tipo de intervención del Estado. Mucho menos la concentración de un mercado informativo, en el que el consumidor invierte poco (consume lo que hay) y se mueve en caminos de dependencia entre un producto y otro. Si los titulares de prensa, las noticias en la radio y los reportajes en televisión provienen de la misma fuente, la mayoría de la gente se encogerá de hombros.   

La ley de medios en Argentina se expidió en un contexto de enfrentamiento político entre los Kirchner y el Grupo Clarín (sobre el tema, este artículo de Graciela Mochkofsky, basado en éste maravilloso libro de ella). Pero no por eso deja de ser necesaria una legislación sobre concentración de medios. El Grupo Clarín tiene el diario con mayor circulación del país, el 41% del mercado de radio, el 38% del mercado de televisión abierta y el 59% del mercado nacional de televisión por cable (porción que aumenta al 90% si tomamos solo la capital y la periferia). 

La Corte Suprema de Justicia avaló las normas sobre desconcentración –que no implican expropiación– haciendo una distinción fundamental entre la dimensión individual y la colectiva de la libertad de expresión. "En su faz colectiva, el derecho a la libertad de expresión exige una activa intervención del Estado que equilibre las oportunidades de acceso a los medios y favorezca un ámbito plural para un debate público robusto y desinhibido sobre los asuntos que interesan a la comunidad", explica Eleonora Rabinovich.

Incluso en su dimensión individual, el fallo no desconoce la libertad de expresión en este asunto. Condicionar el tamaño del Grupo Clarín no le impedirá difundir información y opiniones. Como explica Martín Becerra, la Corte diferenció entre sostenibilidad y renta: una cosa es que la ecuación financiera de un medio quede amenazada por cuenta de una ley –en cuyo caso el análisis sería distinto– y otra que su renta disminuya. 

Se equivoca entonces El Espectador al asumir una vocería colectiva diciendo que "los defensores de la libertad de expresión en el continente no dejamos de preocuparnos por las graves consecuencias que medidas de este tipo pueden traer para la región". No es cierto. Muchos también están celebrando.