La zona de la máquina. Adicción por diseño

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Arrastrar el dedo índice por la pantalla del celular. Pasar por los tuits nuevos. No leer nada en particular. Ver una que otra foto. Arrastrar el dedo de nuevo. Ver una foto, reproducir un video. Volver a empezar ¿Cuántas veces veces van? ¿Cuánto tiempo llevo haciendo esto? Bienvenidos a la 'zona de la máquina'.

"¿Qué es la zona de la máquina? Un ritmo. La respuesta a un bucle de retroalimentación finamente sintonizado. Es una distorsión poderosa del espacio y el tiempo. Presionas un botón. Algo sucede. Presionas de nuevo. Algo similar, pero no exactamente igual, sucede", escribe Alex Madrigal.

Madrigal se refería a un libro que al final me topé en una librería y terminé leyéndome: Addiction By Design. Machine Gambling in Las Vegas, de Natasha Dow Schüll, quien investigó durante una década el entorno de las máquinas tragamonedas en Las Vegas.

Más allá de la impresionante investigación que Dow Schüll hace sobre los casinos, los apostadores y el apetito de la industria en Las Vegas, el libro ofrece muchas claves para los debates sobre internet, redes sociales y tecnología. Me encantaría tener tiempo para hacer una reseña extensa, pero por lo pronto dejo sobre la mesa algunos puntos interesantes:

  • Siguiendo el libreto instrumental de los fabricantes de armas ("las pistolas no matan gente. La gente mata gente"), los dueños de casinos niegan cualquier relación entre sus máquinas y la ludopatía. La máquina tragamonedas no es adicta al juego. El hombre es adicto al juego. 
  • Por supuesto, el argumento de la industria niega el objetivo subyacente de su negocio (presente en el diseño tanto de los casinos como de las máquinas): lograr que la gente pase cada vez más y más tiempo en el juego; lograr que la gente quede atrapada en la zona de la máquina (¿les suena conocido?). Si hace falta algún ejemplo sobre el carácter complementario, subjetivo y contextual de la incorporación tecnológica, acá hay un gran estudio de caso. La adicción al juego –como la muerte por armas de fuego– es el resultado de una compleja interacción. 
  • La voluntad y la auto-determinación son la piedra angular del capitalismo. Yo escojo. Yo decido. Sí, escogemos y decidimos en medio de una arquitectura de influencias, deseos manufacturados y dependencias. "Vendemos lo que la gente quiere", dice la industria del entretenimiento. "Es el usario el que entrega su privacidad", dicen los voceros de aplicaciones y redes sociales. La reivindicación de una profecía autocumplida.
  • En ese mismo ambiente de consumo, se le pide a la gente que se autorregule. Y debe hacerlo con los mismos instrumentos que crean y mantienen su dependencia, y con la misma táctica de consumo y trabajo: aplicaciones para medir cuántas grasas comemos, cuántas horas dormimos, cuánto tiempo estamos desconectados. Al final, a la hora de repartir culpas, el individuo queda solo.

'Must-carry' sin 'must-carry': la decisión de la ANTV sobre el HD

Después de una prolongada espera, la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia (ANTV) tomó una decisión sobre la inclusión de los canales abiertos en los servicios de televisión por suscripción. Decidió pero no resolvió: usando un lenguaje enrevesado, abrió nuevos interrogantes, y donde tuvo algún nivel de claridad, optó por reinterpretar una ley que venía aplicándose de otra forma desde 2001.

Empecemos con un repaso: desde que los canales privados de radiodifusión abierta –RCN y Caracol– empezaron a funcionar, hace más de diez años, los operadores de televisión por suscripción vienen incluyendo esas señales en su parrilla de programación sin contraprestación alguna. Lo hacen en virtud de la obligación de ‘must-carry’, o ‘deber de transportar’, de la Ley 680 de 2001. Esta norma, como su nombre lo indica, dispone que la TV cerrada debe incluir las señales abiertas –privadas y públicas– para asegurar una mayor oferta y una mayor penetración de los contenidos nacionales.

 No obstante, en abril de 2014 RCN y Caracol exigieron un pago mensual  a los operadores de televisión paga –a razón del número de suscriptores de cada uno– por la señal en HD (alta definición). RCN pidió unos 40 centavos de dólar por suscriptor y Caracol, aproximadamente 30. Con 4,7 millones de abonados, esto sumaría unos 3,3 millones de dólares mensuales.

Ante la negativa de los segundos, la señal fue retirada de los servicios cerrados. Durante el Campeonato Mundial de Fútbol fue restablecida, pero una vez que Alemania levantó la copa, salió nuevamente de la programación por suscripción, con el elemento adicional de que los canales pusieron un ultimátum para retirar también la señal estándar (para una explicación más detallada sobre el problema, ver www.tvabiertaparatodos.com).

El 22 de septiembre pasado, la ANTV dio a conocer la resolución N°2291 que, en teoría, resuelve el problema. Primero, ordena que los operadores de televisión cerrada distribuyan la señal de los canales de televisión abierta sin que implique un costo para los suscriptores. Segundo, afirma que esa obligación se llevará a cabo “con los contenidos del canal principal digital en el formato que el operador de televisión abierta escoja” –es decir, RCN o Caracol– “atendiendo la tecnología que tenga cada usuario de televisión cerrada”. Y tercero, dispone que los canales abiertos, bajo el pretexto de la cancelación de derechos económicos, “no podrán negar su consentimiento previo y expreso a los operadores de televisión cerrada” para la transmisión de la señal .

Tratemos de entender las decisiones de la ANTV. La primera parece clara: el ‘must-carry’ se mantiene. Según el artículo 11 de la Ley 680 de 2001 “los operadores de televisión por suscripción deberán garantizar sin costo alguno a los suscriptores, la recepción de los canales colombianos de televisión abierta de carácter nacional, regional y municipal (…)”. En 2003 la Corte Constitucional revisó esta norma y la declaró ajustada a nuestra Constitución. Se trata de una medida de interés general que busca asegurar el pluralismo informativo y que no resulta desproporcionada para ninguna de las partes. En el caso de los operadores de TV por suscripción, no tienen que comprar la señal; simplemente, retransmitirla. En principio, parecería que la ANTV incorpora esa interpretación.

Los siguientes puntos, sin embargo, no solo contradicen esa regla sino que resultan absolutamente ambiguos. Por una parte, la ANTV decidió que la obligación de ‘must-carry’ se cumplirá con el canal principal de RCN o Caracol en el formato que ellos escojan. ¿De dónde salió de eso? De una norma que encontraron en el camino y que no tiene relación con el ‘must-carry’. Según el Acuerdo 002 de 2012 de la Comisión Nacional de Televisión (organismo que precedió a la ANTV), los canales privados abiertos, como operadores de su múltiplex, pueden transmitir sus señales en la configuración que consideren pertinente. RCN y Caracol, por ejemplo, transmiten su señal principal en HD. Esta norma no guarda relación alguna con el ‘must-carry’, que no hace distinción de formato o de tecnología. La ANTV la introduce y, de paso, le otorga a los canales abiertos la potestad de decidir qué señal entregan

Por otra parte, y más confuso aún, la decisión sobre el formato debe hacerse “atendiendo” la tecnología que cada usuario de televisión cerrada tenga. ¿Quiere decir que si yo tengo un servicio de HD con Directv entonces Caracol o RCN puede obligar a esa empresa a que me entregue la señal en HD, sin importar el servicio que yo haya contratado? ¿Implica que estos canales privados pueden hacer acuerdos exclusivos con uno u otro operador para autorizar la transmisión de su señal en HD?

La cosa se enreda más con el tercer punto. La ANTV no dijo expresamente –como debió hacerlo– que la transmisión de la señal no genera contraprestación económica, que es el punto central que generó todo este debate. En cambio, dijo, casi en clave, que los canales abiertos no pueden negarse a autorizar la transmisión de la señal con el pretexto de los derechos económicos. ¿No pueden cobrar? ¿O sí pueden cobrar, pero sin suspender la autorización?

Sujetar la norma del ‘must-carry’ a la potestad de los canales abiertos, a cobros o a acuerdos exclusivos, equivale a acabarla. Eso es lo que quieren hoy RCN y Caracol, pero jamás lo habrían pensado a finales de los noventa y comienzos de este siglo. Que los servicios por suscripción llevaran sus señal en esa época fue fundamental para que construyeran su enorme audiencia y obtuvieran mayores ingresos. Para los canales públicos –nacionales y regionales–, por su parte, ha sido la mejor plataforma para asegurar una difusión que sujeta a criterios comerciales no podrían tener. Y para la ciudadanía en general, cuyo 81% consume televisión a través de sistemas cerrados y que solo en algunas ciudades puede acceder a la televisión digital terrestre, el ‘must-carry’ ha sido una póliza a favor del acceso diverso a contenidos.

Es posible que el negocio haya cambiado, como plantean los canales privados. Es posible que la regulación sobre televisión necesite actualizarse, y que la medida del ‘must-carry’ tenga que evaluarse en este nuevo contexto (yo considero que debe mantenerse). Pero no le correspondía a la ANTV apartarse de su mandato legal para dar ese giro. Mucho menos aceptable ha sido la táctica de coerción que adelantaron RCN y Caracol, que desde que iniciaron esta pelea están incumpliendo su obligación legal. Si en alguna parte debe darse esta discusión, es en el Congreso, de cara a la sociedad civil. La televisión es un negocio, claro, pero también es un servicio público y un desarrollo de la libertad de expresión.

Texto escrito originalmente para Observacom.

¿Canal Capital vs Álvaro Uribe, o Hollman Morris vs Álvaro Uribe?

Hollman Morris le está endosando a Canal Capital su obsesión por Álvaro Uribe. Lo pensé cuando leí que el canal iba a denunciar al expresidente por injuria y calumnia, y lo confirmo ahora que revisé la querella. 

El pasado 17 de septiembre, en el debate que Iván Cepeda promovió contra Álvaro Uribe, este último dijo que Telesur y Canal Capital son "medios de comunicación serviles al terrorismo". Una página más en el libro interminable de insultos, insinuaciones y agravios que escribe Uribe desde que hace carrera política. 

No queda duda de que son declaraciones estigmatizantes que ponen en riesgo, sobre todo, a los periodistas del canal, que tienen que salir a la calle a hacer su trabajo en medio de señalamientos.

Como presidente, Álvaro Uribe dijo decenas de veces cosas similares –“aliados del terrorismo”, “terroristas disfrazados”–  sobre periodistas y defensores de derechos humanos (entre ellos Morris), hasta el punto de que la Corte Constitucional le exigió que dejara de hacerlo. Lo cual le dio una buena excusa para seguirlo haciendo. 

Acá va a pasar lo mismo, y creo que el propio Morris lo sabe. Uribe va a usar cualquier espacio que tenga para tirar tierra en todas las direcciones. El proceso será una anécdota, y del episodio solo quedarán titulares con la palabra ‘rifirrafe’. 

Pero digamos que el hecho de que pase lo mismo de siempre –o sea, que no pase nada– no implica que haya que quedarse callado. El problema, sin embargo, es que acá no hubo ni injuria ni calumnia.

Cualquier empresa puede pelear por su buen nombre, pero esta vez Uribe hizo una afirmación política en el contexto de un debate político en el Congreso de la República. Su discurso está especialmente protegido, por eso y porque se refirió a una entidad pública. Abstraigan la situación: imaginen que a un senador lo meten a la cárcel por criticar a un canal público que controla un gobernante de un partido opuesto –más allá de los términos que use–. ¿Les pasó por la cabeza Venezuela o Ecuador? 

Que Álvaro Uribe diga que Canal Capital es “servil al terrorismo” hace parte del giro ordinario de declaraciones insensatas que suele dar, donde el primer servil del terrorismo es el propio presidente de Colombia y la palabra terrorista significa todo y nada al mismo tiempo. No hay ahí una imputación de un delito ni un hecho deshonroso claro. Yendo más lejos, diría que decirle a alguien 'servil' –de lo que sea– es una opinión antes que un hecho.

La querella que presentó Canal Capital no se ocupa de explicar los elementos del delito más allá de citar la declaración del expresidente y los tipos penales. En cambio, repasa la carrera de Hollman Morris, incluye todo lo que Álvaro Uribe dijo alguna vez sobre él, y hace un recuento de la persecución que emprendió el DAS en su contra (son alrededor de 16 de las 26 páginas del documento). Lo que me lleva de nuevo al comienzo de esta entrada. ¿Es éste un proceso de Canal Capital contra Álvaro Uribe o de Hollman Morris contra Álvaro Uribe? Por ahora, lo único que veo de Canal Capital en este proceso, es el membrete en las hojas. 

Los medios de comunicación, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil en general, deben reprochar las palabras de Uribe. Su discurso polariza el país y siembra la semilla de reacciones violentas. Las autoridades, por su parte, deben tomarse en serio el riesgo de los periodistas del canal. Pero armar expedientes judiciales de injuria y calumnia no hace nada más que congestionar nuestras cortes y tribunales, donde los personajes públicos ya hacen filas para denunciarse mutuamente.

Y si de actos simbólicos para defender a Canal Capital se trata, bien puede adelantarse una campaña ciudadana sin terminar, otra vez, hablando del mismo personajes de siempre. 

Acá pueden descargar la denuncia de Canal Capital. 

Cárcel para un comentarista ofensivo: revisando las paredes de los baños públicos

La Corte de Suprema de Justicia acaba de confirmar* la condena contra Gonzalo Hernán López por el delito de injuria agravada. ¿Qué hizo López? Un buen día de noviembre de 2008 se sentó al frente de un computador y, usando un seudónimo, se despachó contra Gloria Lucía Escalante:

«Y CON SEMEJANTE RATA COMO ES ESCALANTE QUE HASTA DEL CLUB COLOMBIA Y COMFENALCO LA HAN ECHADO POR MALOS MANEJOS QUE SE PUEDE ESPERAR... EL LADRÓN DESCUBRIENDO LADRONES? BAH!»

Escribiendo a gritos –con la mayúscula sostenida, sin comas, sin una que otra tilde–, López comentó una nota de El País de Cali sobre la señora Escalante. ¿Qué nota? Cualquiera, no importa. ¿Dónde? En el sitio donde siempre leemos este tipo de mensajes: en la sección de comentarios de usuarios. Las paredes del baño público de Internet.

López resultó condenado por haber hecho una afirmación injuriosa a través de un medio de comunicación colectiva. No hace falta saber mucho más para concluir que se trata de un error judicial. Lamentablemente, ni los jueces de instancias inferiores ni los magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia están entendiendo el delito de injuria. 

La injuria consiste en hacer una imputación de un hecho deshonroso: A dice que B hizo X,  y X es un hecho que afecta la honra (X no es una opinión ofensiva ni un insulto. Es un hecho). Adicionalmente, A sabe que el hecho X tiene ese carácter deshonroso, y lo imputa precisamente con el ánimo de injuriar y causarle un daño a B. Solo si A demuestra que X es veraz –con algunas excepciones–, puede eximirse de la responsabilidad penal.

Volvamos al caso: López dijo que Escalante era una rata. Es una opinión. Ofensiva, agresiva, sí, pero una opinión al fin y al cabo. López no tiene manera de demostrar en un juicio –para acreditar su inocencia– que Escalante es un roedor. Simplemente le salió de las tripas la palabra ‘rata’. Él cree que ella es una rata.

Por otra parte, López afirma en el comentario que Escalante es una ladrona. Acá podría decirse que López acusó a Escalante de cometer un delito (es decir, una calumnia). Sin embargo, la supuesta acusación no tiene un cómo, un cuándo, un dónde o un qué. En otras palabras, es una acusación genérica más cercana a una opinión que a un hecho. 

Por último, podría argumentarse que López sí acusó a Escalante de un hecho deshonroso al decirle ladrona por haber incurrido en «malos manejos» en el Club Colombia y en Comfenalco. Sigo pensando que es más una opinión –informada o desinformada– antes que un hecho. Sin embargo, y este es el punto más relevante, el contexto de la afirmación despeja cualquier duda de que esto tenga relevancia penal.

López escribió esto en la sección de comentarios de un medios de comunicación, un lugar que antes que una plaza pública es la pared de un baño público. Por el tipo de contenidos que allí se consignan –y la manera como se consignan– estas secciones no cumplen ninguna función de intercambio de información y opiniones. Es libertad de expresión individual, no colectiva. Es el espacio donde mucha gente sublima su deseo de insulto.

Así como nadie se toma en serio las barbaridades que se escriben en un baño, o lo que se grita en un estadio, o lo que dice un papel cualquiera que se reparte en la calle, un escrito anónimo en la sección de comentarios de un medio en línea no deshonra a nadie. No tiene impacto; no produce un daño. Es ruido sin ninguna relevancia penal. La conducta de López –más allá de lo que haya escrito– no pone en peligro ningún bien protegido por el derecho penal. No es antijurídica. 

De todo esto queda el antecedente judicial. A pesar de que las fronteras de la injuria y la calumnia están bastante claras en la jurisprudencia nacional e internacional, los jueces la siguen aplicando subjetivamente. Con esta decisión en el horizonte, cualquier comentario en Twitter o Facebook puede terminar en un proceso penal (lo cual no quiere decir, ojo, que ningún comentario en redes sociales debería terminar en un proceso penal). 

Por otra parte, queda sobre la mesa la fragilidad creciente del anonimato en línea. Por distintas razones –entre ellas, por casos como éste– los intermediarios en Internet (medios, redes sociales) vienen exigiendo cada vez más la identificación real de sus usuarios. No debería ser la regla. Aunque sea deseable que la gente le ponga la cara a lo que dice, el anonimato en Internet es valioso como escudo para expresarse, y debería contar con plataformas para ejercerse y niveles mínimos de protección en los tribunales (no siempre, no para todos). 

En este caso, López usó el alias de ‘con memoria’ para hacer un comentario cualquiera. Seguramente lo hizo con la convicción de que nadie llegaría hasta él, pero a la postre la Fiscalía tocó a su puerta y hoy está condenado penalmente. A algunos les parecerá un castigo ejemplar; a mí me parece más bien preocupante.

Les dejo abajo la sentencia de la Corte Suprema de Justicia con algunos comentarios (lean primero el resaltado y después hagan clic para ver la glosa). Valga la pena aclarar que para hacer un análisis completo del caso hay que leer la del Tribunal Superior de Cali. Esa no la tengo. 

* Técnicamente, la Corte Suprema inadmitió el recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Cali, que fue el que condenó a López. Uso la palabra 'confirmar' para ilustrar a una audiencia general.

El caso del ‘hacker’ y RCN: cuando la única alternativa es echar al agua a la fuente

Hoy Rodrigo Pardo, director de Noticias RCN, reveló que Andrés Sepúlveda, el ‘hacker’ que investiga la Fiscalía, visitó el canal el mes pasado con Luis Alfonso Hoyos, asesor espiritual de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Con video en mano, Pardo contó que Hoyos le había presentado a Sepúlveda para que le diera una información sobre un supuesto plan de las FARC para intimidar a quienes no apoyaran la reelección de Santos en el sur del país. Al final, RCN no publicó nada sobre el tema y Pardo expuso a Hoyos públicamente.

Creo que Pardo violó el deber de proteger a su fuente, pero también creo que no tenía alternativa. Con la poca información que tengo –hasta donde sé, Pardo no se ha referido a esto– trataré de plantear mi análisis sobre el tema. Más que la última palabra, espero que ésta sea la primera en el debate.

Lo primero que hay que tener claro es que Hoyos sí es una fuente y sí es sujeto de protección desde el punto de vista periodístico. He leído algunos tuits diciendo que la fuente es Sepúlveda y no Hoyos, y que al no haberse publicado nada no existe fuente para proteger. 

Por una parte, la protección de la fuente no solo se reputa de la persona que eventualmente aparece en el artículo sin identificar, sino también de aquella que suministra información que permite acceder a una fuente. En últimas, también es una fuente –y muchas veces, la más valiosa– que deber ser protegida. Sin esa garantía, no habría ‘informantes’ en entidades públicas, por ejemplo. 

Por otra parte, el hecho de que un medio no publique una información no implica que desaparezcan los pactos que hizo con sus fuentes. Durante la reportería un periodista recibe mucha información con la condición de no revelar su fuente, y que en últimas publique algo después depende de muchos factores. Imaginen lo arbitrario que sería que el destino de una fuente reservada dependiera de que su información sí fuera noticia. Básicamente, nadie se animaría a contarle nada a un periodista.

Volvamos al caso, pero antes hago las siguientes suposiciones: 

  • Pardo y Hoyos hicieron un pacto de confidencialidad. Este tipo de acuerdos no siempre son explícitos, pero pueden darse por sentados en relaciones largas entre fuente y periodista. (Dicho sea de paso, la falta de claridad en los términos es un riesgo para ambas partes, sobre todo para la fuente). 
  • El pacto entre Pardo y Hoyos no tenía ninguna condición especial: simplemente, “yo le presento a esta persona que tiene esta información y usted no me menciona en ninguna parte”.
  • Una vez se desató el escándalo, Hoyos no liberó a Pardo de su deber de reserva. Muchas veces los hechos posteriores a un pacto de confidencialidad obligan a cambiar las condiciones, y la fuente puede aceptar que lo identifiquen. Parto del supuesto de que esa renegociación no se dio. 

La pregunta entonces es si Rodrigo Pardo violó el deber de reserva, sagrado para todo periodista, al identificar a Hoyos. O, planteado de otra forma, ¿Hoyos hizo algo que para Pardo fuera una señal inequívoca de que el pacto se había terminado válidamente?

La reserva de la fuente no solo le impone obligaciones al periodista. Si una fuente reservada habla ‘on-the-record’ con otro medio sobre el mismo tema, o si desmiente públicamente a quien está protegiendo su identidad (como le pasó a La Silla Vacía), el pacto se extingue.

También podría decirse que si una fuente manipula al periodista o le miente, éste último no tiene por qué protegerlo. Esa zona es más gris, y en principio no estoy de acuerdo. La manipulación es de la esencia de la relación entre periodista y fuente. Es decir, debe darse por sentada. Y las mentiras, las verdades a medias y las declaraciones sesgadas, son el insumo con el que trabaja un periodista. Sacar una hecho veraz de la suma de eso es a la postre la misión del periodista. 

Creo que el caso de Pardo y Hoyos está en esta zona gris, con un factor adicional: la fuente reservada (Hoyos) le presentó al periodista a una persona (Sepúlveda) que hoy está detenida e investigada por un delito relacionado con la información que fue objeto de la relación periodística. Además del riesgo judicial para Pardo, esto pone en tela de juicio la credibilidad de Hoyos como fuente. Probablemente Pardo no le cree a Hoyos ahora (yo tampoco). 

El dilema para Pardo es el siguiente: si opta por proteger a esa devaluada fuente y no dice nada, corre el riesgo de verse en problemas judiciales por cuenta de la investigación contra Sepúlveda. Y si opta por proteger a esa devaluada fuente y envía la información a la Fiscalía, alguien la va a filtrar y otro medio de comunicación la va a publicar. En ambos casos no solo se perderá su propia ‘chiva’, sino que más de uno le recriminará haber guardado silencio en un tema tan sensible y en un momento tan determinante. 

En esas condiciones (y con todos la suposiciones que hice), Pardo tenía razones poderosas para traicionar el acuerdo con Hoyos: éste al parecer lo intentó manipular, la información subyacente parecía falsa y el asunto es casi de seguridad nacional. Cada razón por separado se queda corta para echar al agua a una fuente, pero combinadas y en plena elección presidencial, parecen suficientes.