La gobernanza de internet: la trampa de las formas

En 1983 Internet alcanzó la mayoría de edad. Fue en ese año cuando se implementó el protocolo TCP/IP, según el cual todos los datos en la red se dividen en paquetes y se transmiten por igual a los extremos de ésta. Con esta decisión técnica, la incipiente red militar y académica empezó a expandirse como una telaraña: cientos de redes encontraron caminos entre sí; miles de computadores comenzaron a conectarse.

Arpanet –el antepasado de Internet– era hasta entonces un jardín amurallado del que solo hacían parte unos pocos. Para los ingenieros el reto ya no era conectar computadores entre sí, sino lograr que redes distintas interactuaran sin necesidad de intervenirlas o configurarlas. Un cable, un módem, un ordenador, y listo. De ahí en adelante la red no pararía de desarrollarse: en 1989 vendría la invención del World Wide Web; en 1993 llegaría el primer navegador apto para gráficas y, dos años después, se privatizarían los puntos principales de conexión, dando lugar a la espina dorsal de la red (el backbone).

Hoy, más de 30 años después, la estructura y densidad de Internet es mucho más sofisticada. De una población de aficionados y expertos en sistemas, pasamos a tener aproximadamente tres mil millones de ‘ciudadanos’ de 194 países. De una red dedicada principalmente al intercambio de correos electrónicos y la navegación de páginas web, pasamos a una de servicios de voz, ‘streaming’ de video y alojamiento de archivos en la nube. De una red compuesta por computadores, pasamos a una interconectada por teléfonos móviles, tabletas, radios y hasta automóviles. De una red compuesta por pocos actores en medio de acuerdos básicos, llegamos a una inmersa en complejas transacciones comerciales. Y, finalmente, de una red desarrollada y manejada por particulares, vamos desembocando en una donde los Estados también quieren ser protagonistas.

Es en este contexto donde se discute el qué y el cómo de la gestión y el control de Internet: la gobernanza de Internet. No resulta fácil demarcar sus límites, pero tal vez sí sea más sencillo entender lo que está en juego. Alrededor de la pregunta de cómo se gobierna el entorno digital está la respuesta a temas como la protección de la privacidad en línea y el anonimato de los usuarios, el rol de las empresas privadas que controlan la infraestructura de Internet, las pretensiones de los Estados nacionales, la responsabilidad de los intermediarios y, claro, la libertad de expresión.

Teniendo en cuenta que existen decenas de libros, manuales y guías sobre gobernanza de Internet, escribir algo más sobre el tema puede parecer redundante. Partiendo de ese supuesto, antes que engrosar la lista de estudios descriptivos, este documento intenta ofrecer una visión crítica pensada, sobre todo, para la acción de la sociedad civil.

La primera parte ubica la gobernanza de Internet como una configuración de poder y tecnología, y se refiere a los temas principales que la componen. La segunda parte aborda la noción, transversal a la gobernanza de Internet, de la participación plural de los actores (el modelo ‘multi-stakeholder’) y el rol del Estado. Finalmente, el tercer capítulo ofrece las siguientes conclusiones y propuestas:

  • La gobernanza de Internet, antes que el conjunto de instituciones y fórmulas multilaterales de discusión, es un espacio de disputa alrededor del control y la gestión de una tecnología.
  • El estudio de la gobernanza de Internet debe abrirse a todos aquellos que ejercen poder en la red, sin importar el escenario en el que se encuentren.
  • La gobernanza de Internet no es del todo útil para saber cómo gobernar Internet. Como marco de referencia para abordar problemas y para proponer soluciones desde la sociedad civil, parece insuficiente.
  • Para avanzar en una aproximación nueva de la gobernanza de Internet es necesario desintegrar el concepto de Internet para abordar las tensiones que existen en ese espacio en diferentes frentes.
  • La arquitectura de Internet es el elemento estructurador más relevante a la hora de analizar cómo estos balances se juegan en la práctica.
  • Hasta hoy la sociedad civil ha promovido la fórmula del diálogo ‘multi-stakeholder’. Sin embargo, los actores relevantes no están llegando a esos escenarios con la intención de reevaluar su posición de poder en la red.
  • La sociedad civil debe elevarles a los actores interesados los costos de tomar decisiones a espaldas del interés público.
  • Aceptar una visión heterogénea de la gobernanza de Internet pasa por que los Estados entiendan que su papel en la gestión y control de Internet varía según el contexto.

 

Vigilancia de las comunicaciones en Colombia: el abismo entre la capacidad tecnológica y los controles legales

A pesar de que en Colombia cada tanto se conoce algún escándalo relacionado con inteligencia estatal, nunca queda claro cómo funciona en la práctica y qué controles existen para su ejercicio. Entretanto, pasa el tiempo y los esquemas de vigilancia se sofistican a la par con nuestros teléfonos móviles y computadores.

Un teléfono analógico de disco es tan obsoleto como los cables “cocodrilo” que se usan para interceptar sus llamadas. No obstante, mientras el mercado facilita el proceso de obsolescencia y la incorporación de nuevas tecnologías masivas, poco o nada dice sobre los dispositivos que en paralelo se desarrollan para vigilar al individuo.

Los cambios tecnológicos suelen alterar presunciones largamente establecidas sobre el alcance de determinados derechos. La privacidad, sin duda, es el derecho que más tensiones enfrenta en el entorno digital. A pesar de esto, en la regulación y en la jurisprudencia subsisten lagunas sobre cómo la tecnología impacta el ejercicio de derechos fundamentales.

Las declaraciones del 'hacker' Andrés Sepúlveda –y los escándalos relacionados– llegaron poco después de que Colombia adoptara una Ley de Inteligencia que, en teoría, evitaría las irregularidades de antes y se pondría a tono con la vigilancia moderna. Pero, ¿es ese realmente el caso? ¿Tenemos una regulación para preservar la seguridad nacional sin comprometer la privacidad y la libertad de expresión, entre otros?

Ni el legislador ni el juez en Colombia se están preguntando qué tipo de impacto tiene la tecnología en el ejercicio de derechos fundamentales. Al abordar preguntas relacionadas con las comunicaciones, poco o nada les interesa entender las capacidades de un esquema de vigilancia para ponderar su impacto individual. 

Aunque sorprende que esta ausencia se dé en un país con tantos antecedentes de interceptaciones ilegales, sí es común que las tecnologías nuevas pasen por la lupa de una Corte tiempo después de su incorporación social. La situación resulta más complicada con 'tecnologías inestables'. A diferencia de los carros y las armas de fuego, los sistemas de comunicaciones están en un flujo constante.

'Vigilancia de las comunicaciones en Colombia: El abismo entre la capacidad tecnológica y los controles legales' examina el marco legal y jurisprudencial colombiano sobre vigilancia de comunicaciones, a la luz de las capacidades tecnológicas de hoy. Para desarrollar este objetivo, aborda algunos puntos –escogidos con cierto nivel de arbitrariedad– de la Ley de Inteligencia: interceptación de comunicaciones, monitoreo del espectro electromagnético y acceso a datos de usuarios. 

El primer capítulo explica, desde el punto de vista técnico, cuáles son las tecnologías para comunicarnos y cuáles existen para vigilarnos. El segundo capítulo desarrolla el marco legal sobre vigilancia de las comunicaciones. El tercero ofrece un panorama general comparado frente a la interceptación de las comunicaciones en particular. Finalmente, el cuarto capítulo analiza lo hasta allí planteado para ofrecer algunas conclusiones.

Esta es una versión editada de la introducción del documento. Puede descargarlo acá o en la página de Dejusticia.

Internet móvil en Colombia: retos y oportunidades para la sociedad civil

El objetivo de este documento es explorar el proceso de subasta de espectro para servicios móviles que el gobierno colombiano inició en 2012 y concluyó en junio de 2013 (conocida como ‘subasta 4G’). La idea es, entonces, aprovechar esta ventana para adentrarse un poco más en la política pública sobre Internet móvil en Colombia, el contexto en que se da y las instituciones encargadas de desarrollarla.

La estructura de este documento es la siguiente: el primer capítulo describe los principales indicadores de los servicios móviles en tres partes (penetración de Internet, composición del mercado y calidad); el segundo capítulo explica la política pública, para lo cual combina algunos elementos clave del diseño institucional con la implementación de la regulación; el tercer capítulo describe la subasta con un énfasis en el debate que suscitó en el Congreso y las condiciones de ésta; el cuarto capítulo evalúa críticamente la participación de la sociedad civil en el proceso, y el último capítulo cierra con una serie de consideraciones y conclusiones de cara al trabajo futuro de la sociedad civil.

Descargue acá el documento.

La neutralidad de la red: la tensión entra la no discriminación y la gestión

El objetivo de este documento es examinar el concepto de neutralidad de la red con la idea de identificar los puntos clave de la definición y los problemas que enfrenta cuando se plantea su implementación. En la primera parte se hace una explicación breve de la arquitectura de la red, a partir de los principios que sustentan la idea de neutralidad: modularidad, estratificación y extremo a extremo. En seguida se describe el inicio del debate en Estados Unidos. Fue allí donde la neutralidad de la red surgió asociada a la obligación de transporte común o common carrier. En tercer lugar, se explican los argumentos en contra de la neutralidad y algo sobre la práctica. Aunque la mayoría de éstos suelen catalogarse como justificaciones comerciales, tiene relevancia en la conceptualización misma de la neutralidad. Más adelante, se da un vistazo a la legislación en Europa y América. Según lo que allí se describe, el nudo gordiano está en las excepciones a los deberes de no discriminación y gestión razonable de la red. Por último, se ofrecen algunas conclusiones y recomendaciones. 

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Las llaves del ama de llaves: la estrategia de los intermediarios en Internet y el impacto en el entorno digital

El objetivo de este documento es ofrecer un sustento teórico y un contexto mínimo para el debate sobre la responsabilidad de los intermediarios en Internet con énfasis en los problemas relacionados con contenidos. Se explica el fundamento teórico general sobre los intermediarios y su relación con la responsabilidad civil, los antecedentes que llevaron a los intermediarios en Internet a convertirse en guardianes de los usuarios, los tipos de guardianes y sus deberes, y un breve análisis de lo que se avizora en el horizonte en este tema. Por último, y a partir de lo expuesto a lo largo del documento, se realizan una serie de recomendaciones en la materia.

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Mirar hacia el norte es mirar hacia atrás: el impacto negativo de la DMCA. El mecanismo de notificación y retiro y las Medidas Tecnológicas de Protección

“La incorporación de una ley como la DMCA  en nuestro país debe ser coherente con nuestros objetivos en materia de desarrollo, educación y acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. El principal problema del sistema de notificación y retiro radica en que se trata de un mecanismo desproporcionadamente desequilibrado en contra del ciudadano. Con el único propósito de salvaguardar el interés de los titulares de contenidos, el sistema desconoce los propios alcances del derecho de autor y, peor aún, vulnera el debido proceso y la libertad de expresión de los usuarios". 

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El balance de la subasta 4G: hora de aguar la fiesta

Por cuenta de la subasta de espectro de la semana pasada, los medios de comunicación montaron al Ministro de las TIC en el carro de bomberos. Un elogioso perfil de El Espectador resume el tono: “Diego Molano se anotó un hit con la subasta 4G. No solo amplió la competencia de la industria móvil sino que le dejó al Estado ingresos superiores a los esperados”. Es la constante. Felicitaciones, elogios y sonrisas.

El problema de esta celebración es que se hace a costa de las expectativas de la gente. Dice el Ministro que ganaron los colombianos porque “llega más competencia a internet y a la telefonía móvil. Mayor calidad y mejores precios para los colombianos”. La realidad es otra: ni la subasta estaba diseñada para algo tan ambicioso ni los resultados apuntan a que sucederá en el corto plazo. Hora de aguar la fiesta con un balance más aterrizado.

Lea el artículo completo en La Silla Vacía .

El debate pendiente en Colombia sobre la protección de derechos de autor en Internet. El caso de la Ley Lleras

El objetivo de este documento es contar el debate de la ‘Ley Lleras’ que se dio en el Congreso. En el primer capítulo explicaremos de qué se trataba este proyecto; en el segundo examinaremos las motivaciones de éste, y en el tercero analizaremos de qué manera los proponentes trataron de enmarcarlo de una manera que los favoreciera, aun tomando distancia de su verdadero contenido. Con todo esto, ofreceremos algunas reflexiones finales de cara al futuro.

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Derecho al olvido: entre la protección de datos, la memoria y la vida personal en la era digital

 La habilidad creciente para recordar se debe al apoyo de la tecnología –desde la imprenta hasta los computadores–, que de manera paulatina viene incrementando las posibilidades de registro y almacenamiento de toda actividad humana. La imposibilidad de olvidar nos pondrá en el futuro en los zapatos de Ireneo Funes, el personaje del cuento de Jorge Luis Borges que recordaba las veces que había imaginado o visto "cada hoja de cada árbol de cada monte".

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Álvaro Dávila solicita una extensa rectificación a La Silla Vacía

En el blog de la dirección, Juanita León explicó el caso: 

"Después de la publicación del artículo 'El abogado Álvaro Dávila, el polémico amigo del Alcalde', Dávila me envió una solicitud de rectificación de 13 páginas y unos cincuenta anexos con derechos de petición a todas las entidades del distrito (...)

Dávila solicita rectificar básicamente todas las afirmaciones del artículo. Después de estudiar punto por punto, consideramos que no tenía razón y no le concedimos la rectificación. Pero como el abogado ha ido a otros medios con su voluminosa solicitud de rectificación a mostrársela a otros periodistas y algunos de ellos han asumido que se la concedimos, pensé que era de interés público para los usuarios de La Silla Vacía leer su solicitud y nuestra respuesta negándola".

Acá pueden leer la entrada completa de León y acá, la respuesta a la rectificación, preparada por mí. Dávila nunca presentó acción de tutela y está investigado por el carrusel de la contratación en Bogotá.